Santo Domingo.- Al continuar este viernes con la lectura de la acusación del Caso Antipulpo durante la audiencia preliminar en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público sostuvo que la investigación de este proceso evidenció una serie de acciones delictivas en la administración y manejo de los activos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper).

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que siguen avanzando con la presentación de la acusación de este proceso.

“Seguimos en la presentación de la acusación de la Operación Antipulpo. En el día de hoy hemos avanzado hasta la página 234 y se ha presentado dentro de los hechos la afectación a instituciones como el Fonper que se presentó de manera completa y estamos en este momento presentando la afectación al Ministerio de Salud Pública”.

Adelantó que, durante la continuación de la audiencia, el próximo lunes, expondrán sobre el impacto negativo de la corrupción del entramado delictivo en la remodelación de los hospitales públicos.

Wilson Camacho ofreció la información a periodistas de la fuente judicial luego de que concluyera la audiencia donde representó al Ministerio Público junto a la procuradora de corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz, así como Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.

Según hace constar el Ministerio Público en la acusación, los hechos ocurridos en el Fonper de acuerdo a la legislación vigente en el país son catalogados como crímenes, recayendo la responsabilidad sobre los exfuncionarios Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez, presidente y exvicepresidenta de esa institución, respectivamente.

Señala que ambos, como parte de una asociación para delinquir, se coalicionaron en su condición de presidente y vicepresidenta del Fonper.

Detalla que las maniobras empleadas desde ese órgano que permitieron la contratación de manera irregular de las empresas vinculadas al entramado societario de Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado del caso, evidencian una serie de delitos cometidos por los acusados, que comprometen su responsabilidad penal.

El amplio expediente destaca que entre los años 2012 al 2020, en el Fonper, presidido por Fernando Rosa, se incrementó la nómina de empleados nombrando un total de 202 personas que solo cobraban un salario, pero que no prestaban ninguna función para la institución, pagando por concepto de nómina fraudulenta un total de RD$259,515, 725.

Precisa que las publicaciones de las nóminas que se hacían en el portal institucional eran falseadas y solo se subían a dicho portal las nóminas de las personas que efectivamente prestaban funciones en la institución, obviando aquellas 202 botellas existentes, en franca violación a la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública No. 200-04.

Resalta que los hechos quedan evidenciados mediante el Informe de Investigación Especial realizado por la Cámara de Cuentas al Fonper.

Detalla que el mismo esquema se verificaba en el personal militar que fungía como seguridad, encontrándose 37 personas designadas en esas funciones, de los cuales no se verifica evidencia de haber prestado ningún servicio, ya que ese personal no figura en los controles asignados a los servicios diarios. Refiere que esas “botellas militares” le costaron a la institución y al país RD$26,490,670.00.

Ambos imputados, entre otros delitos, además son acusados de incurrir en nepotismo al emplear en la institución a personas con los que tenían vínculos directos de familiaridad, los que percibían altos salarios y otros tipos de compensaciones laborales.

También, se les atribuye realizar desfalco disfrazado de ayudas y proyectos sociales, así como de contratar empresas auditoras sin aprobación previa del consejo de directores y uso de los fondos con fines contrarios a la ley.

Respecto al Ministerio de Salud Pública, bajo la dirección de Freddy Hidalgo, se señalan acciones fraudulentas en las compras de medicamentos y material gastable que serían utilizados en un operativo médico de la Semana Santa 2013, registrándose una distracción del patrimonio público en beneficio de dos de las empresas del acusado Juan Alexis Medina Sánchez.

En esta fase de la audiencia preliminar, el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conoce la acusación del Ministerio Público en contra de los procesados de la Operación Antipulpo.

La audiencia, celebrada por razones de espacio en la Sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, continuará el próximo lunes 17 de octubre, a partir de las 9:00 de la mañana.

El caso se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez, principal imputado, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos en un extenso expediente por corrupción y lavado de activos que consta de 3,445 páginas.

El proceso también se sigue en contra de José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como de Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher.

La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Suriel Suazo, el ex contralor general Rafael Antonio Germosén y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Igualmente, están involucrados Carlos Montes de Oca y Paola Mercedes Suazo.

El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.