El Gobierno interino de Dina Boluarte otorgará un «apoyo económico» a los deudos de las personas fallecidas y heridas de gravedad en el contexto de las movilizaciones que se realizan desde el 8 de diciembre pasado.
El decreto presidencial de urgencia Nº 006-2023, emitido este martes 21 de febrero, autoriza al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a entregar 50.000 soles (13.040 dólares) a las familias de los fallecidos, y 25.000 soles (6.520 dólares) a quienes tengan parientes lesionados.
La compensación monetaria alcanza a civiles y policías que hayan resultado afectadas en las protestas ocurridas hasta el 10 de febrero último.
Según establece el texto del decreto, el apoyo económico se financiará del presupuesto institucional del Ministerio de Justicia y no demandará recursos adicionales del Tesoro Público.
Además, el Gobierno aclara que la disposición «no tiene implicancia en la determinación de eventuales responsabilidades administrativas, civiles o penales».
Violencia en protestas
Desde que se agudizó la crisis política en Perú, a partir de la destitución del expresidente Pedro Castillo por parte del Congreso, el pasado 7 de diciembre, han fallecido 48 civiles en enfrentamientos con cuerpos de seguridad.
La semana pasada, Amnistía Internacional (AI) denunció al Gobierno de Perú por el uso «ilegítimo de armas letales» de forma «indiscriminada, especialmente contra personas indígenas y campesinas, en el contexto de la represión».
La Administración de Boluarte negó que en el país exista una política de violación de derechos humanos y que sus autoridades hubieran actuado con racismo, rechazando el informe de AI sobre la represión estatal.
«El Gobierno (…) es categórico al afirmar que en el Perú no existe una política de violación masiva y sistemática de los derechos humanos ni lo que han denominado un ‘racismo sistémico’ en el actuar de las distintas autoridades», señaló el Ministerio de Justicia en un comunicado la noche del sábado.
