CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Un tribunal condenó el viernes a cuatro años de prisión a la fiscal anticorrupción, Virginia Laparra, quien denunció a un juez por filtrar información de un caso y luego fue acusada por el Ministerio Público de abuso de autoridad. Laparra podrá recuperar su libertad al pagar una multa de 2.000 dólares.
Laparra lleva nueve meses en prisión y su situación ha cosechado duras críticas nacionales e internacionales. El último pronunciamiento, a finales de noviembre, fue de Amnistía Internacional que reconoció a la fiscal como una detenida de conciencia en Guatemala y que pidió que el país ponga fin a la criminalización de operadores de justicia.
La condena a prisión se remonta a un caso que surgió cuando Laparra denunció en 2018 al entonces juez Lesther Castellanos Rodas por filtrar información de un proceso judicial reservado al abogado Omar Barrios, externo al caso. Tras la denuncia, el juez recibió una sanción administrativa que fue revocada por la Corte Suprema de Justicia.
Posteriormente el mismo juez denunció a Laparra, quien trabajaba en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y señaló que ella actuó sin la autorización del jefe de la fiscalía, Juan Francisco Sandoval, quien está exiliado en Estados Unidos. Ese argumento fue aceptado por el tribunal para emitir la condena contra la fiscal.
“Nefasto para el débil Estado de derecho de Guatemala el fallo contra Virginia Laparra. Es un precedente que demuestra la criminalización y persecución contra personas que luchan contra la corrupcion”, señaló a través de Twitter la exfiscal general, Thelma Aldana, quien está asilada en Estados Unidos.
También se pronunció con preocupación el Departamento de Estado de EEUU, a través de su portavoz Ned Price. Rechazó la condena a Laparra y criticó “la persecución dirigida a operadores de la justicia y periodistas” puesto que boicotea el Estado de derecho de Guatemala, la democracia y la prosperidad.
En el juicio participaron como querellantes los directivos de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla, activistas de ultraderecha que defienden a militares acusados de crímenes de guerra. Los dos fueron sancionados por el Departamento de Estado de Estados Unidos por bloquear la lucha anticorrupción en Guatemala y socavar la democracia.
La fundación no tenía involucramiento en el caso, pero la Fiscalía General los aceptó como parte en el proceso legal. Ricardo Méndez Ruiz se ha reunido en ocasiones con la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien también fue sancionada por Estados Unidos y su visa la fue retirada.
El juez denunciado por Laparra por filtrar información ya no ocupa su cargo en la judicatura y fue elegido por la alianza oficialista del Congreso de Guatemala como relator contra la tortura, un cargo para defender los derechos de los personas privadas de libertad.
