El Gustavo Petro presidente es distinto al Gustavo Petro senador o alcalde: el político destacado durante 30 años por su vehemencia y enfrentamiento con los poderes tradicionales está apostando obsesivamente por el diálogo y el consenso.

«Quiero una Colombia fuerte, justa y unida», dijo en su toma posesión. «Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consensos básicos».

Entre esos desafíos está, por supuesto, la violencia. Y para acabar con ella Petro se ha acercado, contra de todo pronóstico, a la derecha más extrema.

El Petro candidato supo representar las demandas de millones de colombianos pobres que fueron postergadas por lo que llaman en Colombia el «establecimiento»: la lucha contra la desigualad, el clientelismo y la violencia.

Pero para abordarlas, y para que se resuelvan con éxito, el Petro presidente necesita a esa clase política, mediática y empresarial que controla el país.

Por eso la metodología de los consensos permea todo su gobierno: el gabinete tiene gente de casi todas las tendencias y en la coalición legislativa hay partidos conservadores y tradicionales.

Al día siguiente de su elección, Petro se reunió con viejos enemigos: su contrincante en segunda vuelta, Rodolfo Hernández, y el líder de la derecha, el expresidente Álvaro Uribe. Se tomaron fotos que antes parecían impensables.

Le auguraban una gobernabilidad débil, pero la bancada oficialista ha logrado aprobar importantes leyes para cuidar el medio ambiente, dialogar con criminales y subirles impuestos a las empresas y a los ricos.

También ha lanzado unos multitudinarios «diálogos regionales vinculantes» que convocan a las comunidades en busca de soluciones de infraestructura, orden público y transparencia.

Muchos, sin embargo, lo ven como estrategia: lo acusan de usar tácticas políticas de antaño, la llamada «mermelada» clientelar, aunque sus aliados lo justifican con que «las reformas, para que sirvan, necesitan consensos entre adversarios».

En todo caso, al político que calificaban de «arrogante», «terco» y «déspota» le dio por la fraternidad cuando llegó a la presidencia.

Orillas opuestas

Y para dos de sus promesas más ambiciosas, la reforma agraria y la paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Petro llamó al empresario, líder ganadero y político José Félix Lafaurie.

Lafaurie aceptó la invitación: será uno de los negociadores del gobierno en el proceso de paz con el ELN, que se inició esta semana en Caracas, y firmó un crucial y generoso acuerdo para que el Estado compre 3 millones de hectáreas de tierra a ganaderos que esperan ser repartidas entre campesinos.

Durante 40 años Lafaurie ha hecho política en contra de todo lo que Petro representa: los diálogos de paz, la redistribución de la tierra y el asistencialismo del Estado.

Si Petro en el pasado dijo que los ganaderos eran «narco latifundistas expropiadores violentos de campesinos», Lafaurie dijo que Petro era «nazi», «asesor de Chávez» y «terrorista».

Ahora el tono es distinto.

«Petro ha demostrado que su administración será de diálogo y concertación», justificó Lafaurie en estos días. «Ha abierto escenarios… quienes estamos en la otra orilla, lo que nos corresponde hacer es ir a esos espacios y construir en la dirección que ellos proponen, pero también por supuesto bajo los criterios que uno crea que debe aportar».

Uribe, viejo amigo del ganadero, celebró la iniciativa: «Su participación puede contribuir a aproximar un aceptable nivel de acuerdo nacional sobre el tema, que requiere reflexión y hechos de paz del ELN».

Durante el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), entre 2012 y 2016, la implacable oposición del uribismo generó escepticismo entre millones de colombianos, que en su mayoría votaron en contra del acuerdo en un plebiscito.

«En el caso de las FARC, el acuerdo nacional se nos negó cuando lo solicitamos a raíz del triunfo del no en el plebiscito», dijo Uribe. «No hubo paz, pero sí más narcotráfico, más violencia y más polarización política».

Petro, de alguna manera, coincide, y espera que la adhesión de Lafaurie a la mesa de negociación le dé legitimad al acuerdo que se llegue a firmar con el ELN.

El poderoso gremialista

Reacciones a la llegada de Lafaurie al grupo negociador hay para todos los gustos: «Piedra en el zapato», «gesto audaz» y «complejo pero interesante» fueron algunos de los comentarios de expertos. El exlíder de las FARC, Rodrigo Londoño, lo calificó como una «señal de que la paz es indetenible, gana voluntades y transforma al país».

Nadie, en todo caso, puede omitir la sorpresa, porque los ganaderos son los grandes enemigos de la guerrilla. Los impulsores, de acuerdo a expedientes judiciales, del paramilitarismo; los dueños, según centros de estudio, de un tercio de la tierra en el país; los artífices, para muchos, de la desigualdad en la propiedad que originó el conflicto armado.

Lafaurie nació en una familia de algodoneros en el norte del país. Desde joven fue entre empresario y político. Pasó por varias organizaciones estatales de control fiscal y ligadas al agro. Fue líder gremial de las poderosas notarías.

Es, también, fundador de uno de los clubes más pudientes de Bogotá, El Nogal, emblemático por un atentado de la guerrilla en 2003.

Hace 18 años, Lafaurie llegó a la presidencia de Fedegán, una asociación de ganaderos que maneja más de US$24 millones de recursos públicos, según reportó la Silla Vacía, en uno de los fondos de recolección de parafiscales más grandes del país.

Está casado con María Fernanda Cabal, una senadora uribista que rechaza los diálogos de paz, está en contra de todas las iniciativas de Petro, apoya el porte de armas y se opone al aborto. Cabal dijo no sentirse «cómoda» con la colaboración de su esposo con Petro: «Creo firmemente que a la delincuencia se la debe someter», aseguró. Y definió el rol de su pareja en las pláticas de paz como de «observador».

En 2004, Lafaurie fue sancionado por tráfico de influencias en la Superintendencia de Notariado y Registro, una decisión ratificada por varias cortes pese a sus apelaciones; y en 2008 fue nombrado en tribunales como uno de los aliados de Uribe que presionaron y sobornaron congresistas para aprobar su reelección.

La gran sospecha sobre él, sin embargo, ha sido un supuesto nexos con paramilitares, los grupos armados antisubversivos que se originaron para defender las grandes propiedades de tierra. Varios exlíderes de las autodefensas declararon ante la justicia que él era un aliado clave dentro de la política; que incluso les recomendaba maneras de desalojar a los campesinos.

Él niega las acusaciones, aunque admitió haber negociado con ellos en busca de la paz. «El gremio ganadero tiene la valentía de asumir la responsabilidad de que en el pasado financió el movimiento paramilitar», dijo en 2006. Siempre dio una justificación, que incluso ha mantenido en recientes escenarios de invasiones de tierras: la autodefensa de la propiedad privada.

Ahora, sin embargo, parece un aliado más de la llamada «paz total» de Petro. «El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente con mucha generosidad«, dijo. «Ojalá que este anhelo de paz total pueda darse».

Muchos lo ven con escepticismo. El gobierno apenas empieza y la luna de miel continúa. Lafaurie bien puede salirse de la mesa de negociación cuando lo vea conveniente. La polarización se reactiva de un soplido y en 2023 hay elecciones municipales.

Pero por estos días, al menos, media Colombia anda sorprendida con esta fraternidad entre viejos enemigos.