Santo Domingo, 31 oct (EFE).- El Ministerio Público concluyó este lunes ante el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, la presentación de los supuestos actos cometidos por los acusados de presunta corrupción administrativa en el caso Antipulpo.

El organismo refirió en un documento que la exposición de los fiscales abordó la dinámica de triangulación establecida por el presunto entramado de corrupción, el Estado y los políticos que procuraban mantener el control del tren gubernamental para seguir con un «círculo vicioso que depredaba fondos públicos».

En la continuación de la audiencia preliminar el Ministerio Público expuso la calificación jurídica otorgada a los hechos, para pasar a presentar los 168 testigos que aporta al proceso.

De inmediato, los fiscales dieron inicio a la presentación de más de 2,000 presuntas evidencias documentales. La presentación de la acusación cerró este lunes en la página 1,362 y continuará el próximo viernes 4 de noviembre a las 9:00 de la mañana.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, resaltó la fase en que se encuentra el proceso.

«Vamos por la presentación de la prueba número 200 de las documentales», dijo la magistrada.

Wilson Camacho, titular de la Pepca, encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia, junto a la procuradora Ortiz y a los fiscales Ernesto Guzmán, Elizabeth Paredes, José Miguel Marmolejos, Héctor García y Yoneivy González.

El Ministerio Público acusa por el caso de supuesta corrupción administrativa a Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como a otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por presuntos actos de corrupción y lavado de activos.

Sobre Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario, y utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente, realizó un conjunto de presuntas maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.

Refiere que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, «obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada, conjuntamente con sus prestanombres y testaferro, sobornando, falseando datos, haciendo uso de documentos falsos, estafando y dando apariencia de legítima a las apropiaciones monetarias frutos de los crímenes y delitos precedentes señalados, conducta propia del lavado de activos».

Los tipos penales en que supuestamente incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo, uso de documentos falsos y financiamiento ilícito de campañas políticas.

Además, de acuerdo al expediente, tráfico de influencia, lavado de activos, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, prestanombres y testaferrato.